La privatización del servicio de regulación de tráfico en Pontevedra

Están sorprendidos los vecinos del vuelco privatizador que ha sufrido el servicio de regulación de tráfico en la ciudad de Pontevedra, competencia típicamente pública por implicar autoridad propia de reglamentos de policía como de imposición de sanciones.

El caso de la gestión de la grúa “municipal”, que en nuestra capital funciona  en régimen de concesión a una empresa privada es paradigmático. Si ya es discutible que el sector privado pueda  gestionar una competencia municipal que implica, en la mayor parte de los casos una restricción de derechos e imposición de multas a los ciudadanos, como es la retirada de vehículos de propiedad particular, cuanto menos resulta la pretendida “autoridad” de la que parece que goza un mero operario de una empresa privada. Los ciudadanos asisten atónitos al espectáculo de como un empleado de la grúa pueda hacer valer a través de una cámara digital, las pruebas de cargo con que luego, previa remisión al órgano policial con competencias para iniciar el trámite de la denuncia, proceder a la sanción y retirada de automóvil.

Porque una cosa es la excepcionalidad de la vía de la denuncia que cualquier particular pueda tener en casos extremos, por ejemplo, contemplar como se circula a cien kilómetros por hora en un tramo de regulado a treinta, o ver como una furgoneta impide el acceso a la rampa de urgencias de un hospital, y otra es como con habitualidad y aun profesionalidad un particular sin ningún carácter de autoridad pública, como sería el agente de policía, pueda iniciar sistemáticamente denuncias que posteriormente son tramitadas por el órgano correspondiente.

En este punto seguro que se abre un debate sobre la inseguridad jurídica, ya para el administrado que recibirá la sanción en ausencia de un policía local, como para el propio operario, que puede incluso ver que un particular le solicite “amablemente” la tarjeta digital de la cámara, a fin de evitar la prueba de la multa, sin que tengan ningún remedio legal para reaccionar contra eso, por poner un ejemplo.

Otro ejemplo de privatización de la gestión del tráfico urbano, en este caso el que afecta mayormente a los peatones, es el de la puesta en marcha de una guardia cívica contratada por el Concello para regular los denominados “camiños escolares” en cruces donde se presume la concentración de menores en horas punta. Porque hasta ahora esa idea se venía haciendo en régimen de voluntariado, sistema que repugna con el recibo de cualquier contraprestación económica. Y en este punto también la gente se pregunta sobre el sistema de contratación de estos agentes, sobre su formación vial y aun sobre su responsabilidad; cuando no es incluso una intromisión en las competencias propias y exclusivas que detenta el cuerpo de Policía Local.  Hasta nivel presupuestario se podría discutir si la partida destinada a contratar a esos “voluntarios” debería ser incluso retraída de los fondos destinados a remunerar a la Policía Local.

Seguro que en los próximos días se pueden ir aclarando estos asuntos que muestran como el Concello de Pontevedra se ha inclinado por una descarada privatización del servicio público de regulación del tráfico viario.